Palacio Nacional, República Dominicana. – El presidente Luis Abinader encabezó este jueves un encuentro con legisladoras y legisladores del Congreso Nacional para la presentación del Pacto Nacional por la Vida y la Familia, acuerdo que busca respaldar la Reforma Integral Déjala Ir, diseñada para prevenir y erradicar los feminicidios y filicidios en el país.
En el acto estuvieron presentes la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de la Presidencia, Víctor Atallah; la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. También participaron senadores, senadoras, diputados y diputadas, encabezados por la proponente de la Ley Marco, la diputada Kimberly Taveras.
Taveras explicó que la Reforma Integral Déjala Ir representa “la arquitectura legislativa más completa que el país ha elaborado para enfrentar la violencia”, fruto del consenso de 74 legisladoras, sustentada en evidencia científica y en los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La diputada destacó que, aunque los feminicidios han disminuido este año gracias al trabajo del Ministerio de la Mujer, ONG y el Ministerio Público, las cifras continúan siendo alarmantes. Según el Boletín Radiografía de la Violencia de la Procuraduría General de la República, en los últimos diez años se han registrado más de 842,000 denuncias por violencia, y el 68 % de las víctimas fue asesinada al intentar separarse del agresor.
“El hogar, que debería ser el lugar más seguro, se ha convertido en el más peligroso para miles de mujeres y niños. Las estadísticas no deben existir para contarlas, sino para salvarlas”, afirmó.
También señaló que la violencia de género le cuesta al Estado unos 3,000 millones de pesos al año, mientras que la implementación de la reforma tendría un costo estimado de 5,000 millones, inversión que, según aseguró, generaría un retorno económico y social incalculable.
“Prevenir, proteger y predecir cuesta menos que reparar tragedias”, puntualizó.
La diputada explicó que la reforma se sustenta en 25 causas científicas identificadas por organismos internacionales y nacionales, incluyendo ONU Mujeres, UNICEF, OMS y FUNGLODE. Entre ellas, resaltó la mayor causa estructural: la falta de coordinación entre las instituciones del Estado.
“La violencia actúa unificada; el Estado ha actuado fragmentado. Sin mujeres no hay familia, y sin familia no hay República Dominicana. Por eso hoy presentamos un Pacto de Estado”, expresó.
Ejes principales del pacto
1. Prevención:
– Educación emocional
– Masculinidades positivas
– Trabajadores sociales en las escuelas
– Prevención del embarazo adolescente
– Políticas del cuidado y fortalecimiento municipal
– Creación del SINAT, sistema nacional de alerta temprana escolar y comunitaria
2. Protección:
– Casas de acogida convertidas en hogares provisionales
– Centros de empoderamiento
– Protección reforzada a la niñez
– Protocolos obligatorios ante violencia sexual, económica, laboral, política y vicaria
– Registro Nacional de Víctimas
– Ruta Única de Atención Estatal
3. Justicia:
– Tribunales especializados
– Fiscalías 24/7
– Monitoreo telemático
– Registro RUAVID-R para agresores reincidentes
– Reformas en cuerpos castrenses
– Restricción total de armas de fuego
– Unidades especializadas en ciberviolencia, grooming y sextorsión
Durante el acto, el presidente Abinader felicitó a las legisladoras por impulsar el consenso “más amplio y necesario” en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niños. Afirmó que, aunque el país ha avanzado, “una sola mujer asesinada es demasiado”, y aseguró que el Estado no descansará mientras exista riesgo para una sola dominicana.
El mandatario instruyó la creación inmediata de una Mesa Técnica interinstitucional para estudiar los planteamientos del pacto, fortalecer la propuesta legislativa y coordinar la implementación de la Estrategia Nacional 2025–2035 de Déjala Ir.
El encuentro concluyó con el compromiso del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional de dar prioridad absoluta a las políticas de prevención, protección y predicción de la violencia, garantizando la sostenibilidad financiera e institucional de la reforma.
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