SANTO DOMINGO.– José Ángel Gómez Canaán, conocido como "Jochi" Gómez, aseguró este viernes que enfrentará con determinación el juicio de fondo por el caso de la red semafórica del Gran Santo Domingo y afirmó que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.
La declaración fue ofrecida luego de que el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispusiera la apertura a juicio contra los imputados en el expediente.
Gómez Canaán sostuvo que las acusaciones formuladas en su contra responden a intereses orientados a despojarlo de bienes y derechos que considera legítimos.
"Se ha demostrado lo que desde el primer día se ha dicho. El Estado ha querido lo mío, yo no me doblegué e intentan quitármelo. Ahora vamos a juicio de fondo, vamos con todo", expresó al salir de la audiencia.
El empresario manifestó además su confianza en la justicia dominicana y rechazó las acusaciones de estafa contra el Estado, argumentando que no existe un perjuicio económico que sustente dicho cargo.
Según explicó, el Estado mantiene obligaciones de pago pendientes derivadas de contratos relacionados con el proyecto de la red semafórica, las cuales, afirmó, superan los RD$1,100 millones.
En ese sentido, consideró incompatible la acusación de estafa con la existencia de montos que, según sostiene, aún adeudan a empresas vinculadas a su propiedad.
Por su parte, Laura Acosta, abogada del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, aclaró que la decisión de apertura a juicio no implica una declaración de culpabilidad y reiteró que la presunción de inocencia de su cliente permanece intacta.
La jurista valoró el trabajo realizado por la jueza Yanibet Rivas durante la audiencia preliminar, aunque expresó desacuerdos con parte de los fundamentos jurídicos contenidos en la decisión.
Acosta indicó que la magistrada estructuró adecuadamente su resolución y explicó las razones por las cuales entendió que existen elementos suficientes para que el caso sea ventilado en un juicio de fondo.
No obstante, insistió en que será durante esa etapa procesal cuando se determinará si las pruebas presentadas por el Ministerio Público son suficientes para sustentar una eventual condena.
«"La jueza lo que dice es que hay pruebas suficientes para ir a juicio de fondo. En el juicio de fondo se discutirán para saber si hay culpabilidad o no, porque la inocencia se mantiene hasta que haya una decisión irrevocable", señaló.»
Respecto a la exclusión de la acusación de terrorismo del expediente, Acosta sostuvo que ese aspecto no afecta directamente la situación jurídica de su defendido y consideró que varios de los elementos retenidos por el tribunal deberán ser debatidos ampliamente durante el juicio.
"Nosotros respetamos las decisiones de los jueces porque respetamos el sistema de justicia", expresó.
Imputados en el caso
Por este caso son procesados Hugo Beras, exdirector del Intrant, y José Ángel Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.
También figuran como imputados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la institución; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Entre las personas jurídicas señaladas en el expediente figuran Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, mediante contratos y convenios presuntamente irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se habría otorgado acceso privilegiado a estas empresas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, en violación de los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El órgano acusador sostiene que José Ángel Gómez Canaán mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix, señalándolo como una de las figuras centrales del presunto entramado que, según la acusación, habría cometido estafa contra el Estado.
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