Por Elvin Castillo
A veces uno quisiera entender al gobierno y a sus asesores en materia de comunicación, pero cada semana se vuelve más difícil. ¿Qué lógica puede haber detrás de someter, en apenas una semana, dos anteproyectos de ley que tienen como efecto y quizás como objetivo restringir la libertad de expresión? No puede existir una decisión más torpe ni más incendiaria, especialmente en un momento donde el país vive un clima estelar de conciencia cívica y participación ciudadana.
Primero, el polémico anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. Luego, como la cereza del pastel, la propuesta del senador Rafael Baron Duluc mejor conocido como “Cholitín”, que no solo insiste en regular el discurso de “odio” sino que lo hace con tintes autoritarios y un tufo a represión difícil de disimular claramente en defensa de la migración ilegal haitiana en un momento que el sentimiento nacionalista ha irrumpido con fuerza en defensa de la soberanía nacional.
Estas propuestas, más allá de sus implicaciones legales, revelan un patrón político peligroso: la necesidad de controlar la narrativa pública, de condicionar el disenso y, de paso, desviar la atención de escándalos como la tragedia del Jet Set, cuyas responsabilidades siguen difusas, pero cuyo impacto social aún duele.
Pretender esconder problemas de fondo generando crisis mediáticas con leyes mordaza no solo es perverso, sino profundamente irresponsable.
El intento de censura es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Más aún si proviene de un gobierno que en su etapa opositora dijo cuanto quiso, sin que nadie osara callarle. ¿Dónde quedó aquel discurso de libertad, crítica abierta y democracia sin ataduras?
Es cierto que en nuestro país existen medios y voces que han desnaturalizado el oficio, que chantajean, difaman y promueven un contenido soez y dañino. Pero esos casos son contados y bien identificados. Curiosamente, son los mismos a quienes el poder político ha alimentado y premiado: les visitan, les financian, les legitiman. No se puede ahora, por conveniencia o presión, usar su mala práctica como excusa para cercenar los derechos de todo un gremio.
La solución no es entregar el control del discurso al Estado ni crear organismos reguladores que terminarán siendo inquisidores. La respuesta está en aplicar la ley que ya existe, sancionar a quienes delinquen con el micrófono, pero sin tocar la columna vertebral de la democracia: la libertad de expresión.
Y aquí hay que hablar claro: el senador Cholitín ha demostrado estar más alineado con intereses ajenos a los de la mayoría nacional. Es un ferviente defensor de posturas prohaitianas y de la eliminación de derechos laborales como la cesantía, siempre del lado del poder económico. Está en su derecho, pero el país también tiene derecho a saber lo que representa.
Los niveles de presión a los que se está sometiendo al pueblo dominicano con estas propuestas de ley pueden desatar una ola de indignación legítima. Si el gobierno no da marcha atrás, lo que vendrá no será un debate técnico ni jurídico, sino una movilización popular en defensa de derechos fundamentales.
Dios nos acompañe en esta peligrosa espiral a la que, por terquedad o cálculo, el gobierno ha decidido arrastrarnos.
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