A propósito del reciente y lamentable caso de corrupción que ha salido a la luz pública en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), en el que —según consta en el expediente judicial— un director habría justificado irregularidades y violaciones a los procesos institucionales con la frase “ese aportó en la campaña”, se impone una reflexión profunda y necesaria sobre la peligrosa relación entre dinero y política.
Los empresarios, por definición, no regalan ni botan su dinero. Son hombres y mujeres de negocios. Cuando destinan recursos a una campaña política no lo hacen movidos por el altruismo, sino como una inversión. Y como toda inversión, esperan retornos futuros. El problema surge cuando esa expectativa de beneficio se traduce en privilegios indebidos, contratos amañados, impunidad o captura de instituciones públicas, costos que terminan pagando todos los ciudadanos.
Este modelo de financiamiento político ha sido uno de los principales motores del clientelismo electoral. Ha encarecido las campañas, distorsionado la competencia democrática y cerrado las puertas a perfiles valiosos: jóvenes con vocación de servicio, líderes comunitarios y ciudadanos capaces que no cuentan con padrinos económicos.
Es momento de promover un pacto político nacional que reduzca el clientelismo a su mínima expresión y haga a los partidos y a los actores políticos menos dependientes del dinero de terceros. Un sistema así no solo permitiría campañas más austeras y accesibles, sino que devolvería la mística, la honradez y el auténtico sentido de servicio al ejercicio de la política.
No es casualidad que quienes recurren de manera desproporcionada al factor dinero suelen carecer de ideas, discurso y propuestas viables. Cuando no hay visión, se compra lealtad; cuando no hay proyecto, se sustituye el debate por el gasto.
Reflexionemos con responsabilidad: la política no puede seguir siendo un negocio para unos pocos que luego se convierte en una pesada carga para todo un país.
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